En relación a la decisión ¿Ocultar información para evitar un conflicto? esta es una opinión de José Luis González Quirós

No

• José Luis González Quirós
• Filósofo y analista político

Esta es mi opinión de experto

En general, ocultar información es una acción que guarda mayor relación con el conflicto que con la convivencia pacífica entre iguales. El que oculta información está negando a otros un bien precioso, y una libertad de juicio todavía más preciosa. Al hacerlo se está colocando en un plano superior de poder, o dando a suponer una mejor condición moral, una supuesta capacidad de decidir por cuenta de otros. Las razones por las cuales se oculta información no pueden ser otras que las de la conveniencia, pero, por definición, esa conveniencia no puede ser general, sino privativa, puesto que de ser general no se entendería que se privase de una información valiosa a quienes son, por definición del caso planteado, nuestros iguales. El que oculta información, atesora con menoscabo de terceros un determinado bien, como si lo hiciera con la riqueza, el territorio, el capital o las armas. Es posible que, en alguna circunstancia concreta, esa privatización pueda significar un cierto alivio momentáneo, pero, en general, no puede significar otra cosa que un incremento de la desigualdad, del abismo entre ricos y pobres que está en el origen de infinitas querellas, como se sabe desde tiempos de Platón, por lo menos.

Ocultar información es, en general, un recurso de los poderosos para mantener y consolidar su status, la fuerza que los mantiene en una posición de privilegio. Muchos teóricos de la política, al menos desde Maquiavelo, han estimado que esta conducta, indiscutiblemente inmoral, está justificada en el plano político porque el miedo al que tiene mayor poder es causa de una cierta cantidad de orden , de una valor político importante para el Estado y para quienes lo gobiernan. Sin embargo, si se cree en la democracia, en la capacidad del pueblo para el autogobierno, es evidente que ocultar información debiera considerarse un delito, aunque habitualmente no sea así. La justificación de, por ejemplo, los llamados "secretos de Estado" se funda, precisamente, en que su difusión acarrearía un mayor peligro para la comunidad que su resguardo, pero esa justificación meramente pragmática confunde interesadamente la distinción entre los modos de administrar la información y el hecho de que puedan existir instituciones o personas que tengan un derecho incondicional a ocultarla o a manejarla en su propio beneficio.
No cabe duda de que quien tiene la información tiene la responsabilidad de hacerla correr y de hacerla con las debidas cautelas, porque la información no es un bien absolutamente incondicional, como tampoco lo es, por ejemplo, la cantidad de moneda en circulación. Cabe, pues, sostener que todos, y también los poderes políticos, tenemos un cierto derecho a administrar cuidadosamente la información que sea presuntamente de interés general, pero ese derecho no llega hasta la justificación de la mentira o el secuestro completo de la información. Precisamente para balancear ese derecho a retener la información, las sociedades democráticas, a partir de la modernidad, se han dotado de medios de comunicación cuya misión es, precisamente, dar a conocer aquello que alguien, un alguien relevante, no quisiera que se supiese. Cuando un medio de comunicación renuncia a esta misión esencial se convierte en lo contrario de lo que debiera ser, en un puro instrumento de dominio y de propaganda, en un apéndice de un poder incontrolable e incontrolado, cosa que, por desgracia, sucede con mucha mayor frecuencia de lo deseable.
La lógica del mercado ha hecho que los medios de información dejen de ser meros instrumentos al servicio de la información pública y se conviertan en negocios, lo que es una condición esencial de su mera existencia. Esto conlleva peligros muy precisos y ciertos, porque el poder de los medios puede acabar consistiendo en aquello que ocultan, no en repetir lo que ya se sabe, y por esta vía corruptiva, los medios de comunicación pueden convertirse en medios de control, en apéndices del poder político o económico, en un fraude.