¿Justificar el "señalamiento popular" (escrache) por el descontento social existente?

Para la Audiencia Provincial de Madrid los llamados “escraches”, término creado en Argentina hace más de dos décadas para calificar el señalamiento popular, “son un mecanismo ordinario de participación democrática de la sociedad civil y expresión del pluralismo de los ciudadanos”.

Esta perspectiva sobre el “escrache” ha generado un intenso debate entre la ciudadanía.  Para algunos ciudadanos, entre los que se incluyen la mayoría de políticos y banqueros, el “escrache” es un acto delictivo de acoso y coacciones a terceros que debería estar penado por la ley. 

Para otros muchos, entre los que se incluyen los perjudicados directamente por actos o decisiones “políticas” y aquellos que se solidarizan con estos perjudicados, el “escrache” es ese último recurso de protesta - ¿derecho a la pataleta? -  que surge de la rabia y la impotencia ante las injusticias que muchos sufren de manos del “sistema”. 

Aunque sea casi imposible de justificar el asedio a un domicilio particular o profesional o el hostigamiento a un grupo de personas solo por tener algún tipo de relación con alguien que ha participado en una decisión impopular o perjudicial,  lo cierto es que muchos sociólogos, politólogos e incluso algunos jueces justifican estas acciones como una consecuencia natural y una reacción espontanea a las actuales circunstancias sociales.  Son una manifestación del  derecho soberano de expresión del ciudadano.  Tanto es así, que ciertas plataformas sociales lo han adoptado como estrategia para hacerse oír en las calles.

Por todo lo anterior, el “escrache”, es un tema controvertido. Una manifestación ciudadana polémica que surge en situaciones sociales y que pone en la balanza derechos fundamentales entre los que tendremos que elegir para fijar nuestra posición.  Sin ir más lejos, ¿Qué prevalece el derecho de manifestación popular o la intimidad de las personas, aun cuando ocupen cargos públicos?