Sin auténtica transparencia no es posible la exigencia de responsabilidades políticas y/o jurídicas a los políticos y gestores públicos. El ciudadano necesita información para reclamarlas, y los políticos incentivos suficientes para rendirlas.
Los partidos deben profundizar su democratización interna y su transparencia, especialmente en lo referente a la financiación. Las auditorías externas podrían ser un buen mecanismo para ello.
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