¿Sirve de algo exigir responsabilidades a los funcionarios públicos por decisiones ya tomadas?

Trabajadores y funcionarios

Parece lógico que el hecho de ser funcionario público no exima de responsabilidades en su toma de decisiones. Como en cualquier grupo de trabajadores, es probable que entre ellos se den casos de corrupción o de iniciativas fracasadas, maliciosas o erróneas.
 
Según esto, resulta lógica la posibilidad de exigirles responsabilidades cuando su actuación no ha sido honesta o correcta. Aquí entra de lleno el debate sobre la utilidad de un código ético que rija su comportamiento, de modo que no se llegue tarde cuando las decisiones ya se han tomado.

      

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