En relación a la decisión ¿Justificar la violencia en algunos casos? esta es una opinión de Liliana Rivera Quesada

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Esta es la opinión del experto

Si bien la experta no se decanta por justificar la violencia, explica que existen legalmente causas dentro del derecho penal que justifican el uso de la fuerza para la legítima defensa de las personas y las intervenciones entre estados.

La abogada explica que dentro de las causas de justificación del uso de la fuerza está la legítima defensa, en donde se otorga el permiso de lesionar un bien jurídico en virtud de que otro se ve amenazado o lesionado por una agresión inminente o actual. Se trata, entonces, de una situación conflictiva en la que hay una agresión inicial que origina una agresión final de defensa.
 
En muchos países, aclara, se pueden  defender "la persona o derechos, propios o ajenos,.." aunque en la práctica  se denota que la legítima defensa tiene mayor aceptación en la jurisprudencia cuando se defiende la propia vida o la integridad física.
 
La abogada señala que las causas de justificación no están aisladas dentro del Derecho Penal, sino que ellas ocupan un lugar de suma importancia dentro de la Teoría del Delito y ésta, a su vez, se perfila como el camino que deben seguir los operadores del Derecho Penal, para determinar si una conducta se configura como una acción típica, antijurídica y culpable, es decir, si constituye delito.
 
También indica elementos característicos de la legítima defensa,  que hacen que el uso de la fuerza se justifique dentro del marco de la Teoría del Delito.  Así, destaca que el uso de la fuerza no se legitima en el aire, sino que se basa sobre todo en la existencia de un ataque anterior. “La existencia de una agresión –puntualiza- es el elemento objetivo que fundamenta esta justificación y marca la distinción entre la legítima defensa y el estado de necesidad, puesto que en esta última también se defiende un bien jurídico, aunque en ella el peligro no proviene de una agresión. Esta agresión debe ser ilegítima, es decir, debe tratarse de un ataque objetivo no amparado en ningún derecho”.
 
Asimismo, afirma que muchas veces el uso de la fuerza es legitimado por la ley considerando la necesidad razonable de la defensa empleada para repeler o impedir la agresión. Esto quiere decir que los jueces examinan las dos agresiones para verificar si existe cierta  proporcionalidad entre ellas, en función de su  gravedad. Ello supone que quien actúa en legítima defensa debe escoger el medio menos lesivo, idóneo para impedir o repeler el ataque, que tenga a su alcance. 

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