Los gobernantes a veces no tienen capacidad de gestión económica o apoyan gastos según intereses electorales. Y los controles se hacen cuando el gasto es irreversible. Una opción para prevenir esto es aplicar un castigo penal para los responsables, de medida proporcional al daño causado.
El problema del déficit público no es un problema intelectual de modelo económico. El endeudamiento público excesivo acarrea consecuencias reales de impago en proveedores, muchas veces pequeñas y medianas empresas que tiene que cerrar, provocando la ruina de familias enteras, impagos en los bancos y el deterioro del tejido empresarial y de la economía. A veces incluso no se pueden pagar las nóminas de los funcionarios o la factura de la luz o del teléfono del organismo público. Los gobernantes, aunque sean elegidos democráticamente, muchas veces carecen sin embargo del criterio y de la capacidad de gestión económica requeridos, o acometen gastos que consideran que pueden ser beneficiosos para la población o para sus intereses electorales. Y los controles muchas veces son a posteriori, cuando el gasto ya se ha producido y es irreversible. Una opción para prevenir esto es que al no cumplimiento de los presupuestos, ya sea voluntario o involuntario, se aplique un castigo penal para los responsables, de medida proporcional al daño causado.
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Los políticos en este tipo de temas tienden a defenderse los unos a los otros. Dificultad de implantar la medida.
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Responsabilizar a los políticos por el gasto de su administración. Evitar la dilapidación del gasto público. Reducción del déficit. Restaurar la confianza en los proveedores de la administración pública. La carrera política puede dar riesgos y esto puede hacerla menos atractiva.
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