En relación a la decisión ¿Ceder fotos y videos en Internet? esta es una opinión de Carlos Sánchez Almeida

Sí

• Carlos Sánchez Almeida
• Abogado, diplomado en derecho civil. Experto en ciberactivis

Esta es la opinión del experto

A juicio del autor, la red de Internet es libertad. A las puertas del siglo XXI, hay sitios en Europa en los que opinar libremente puede pagarse con la muerte, según el abogado. Por ejemplo, hay periodistas que tienen que esconderse y exiliarse para no ser asesinados o intelectuales que no pueden permitirse el lujo de pasear por las calles de su ciudad. Por eso, señala que es necesario salvaguardar a cualquier precio la libertad de expresión que existe en Internet: para poder expresar de forma libre y anónima lo que no se puede expresar en público. Para el autor, mientras un solo ser humano tenga miedo a expresar en voz alta lo que piensa, debe existir un lugar de asilo. Plantea que quizás hoy día ese sitio sólo existe en el ciberespacio.
 
Además de defender la libertad de expresión en Internet, el autor cuestiona en sí mismo el concepto de los derechos de autor y defiende la cultura libre. El autor se pregunta “¿Por qué se llama propiedad intelectual a los derechos de autor, cuando según la Declaración Universal de Derechos Humanos son cosas distintas? Distintas hasta en su duración: la propiedad es ilimitada en el tiempo, los derechos de autor no. Sería inimaginable que la propiedad de un inmueble caducase a los 70 años de su compra: es transmisible a los herederos indefinidamente, lo que no sucede con los derechos de autor. Si tan distintos son en su esencia, derechos de autor y derecho de propiedad, ¿por qué son denominados propiedad intelectual? La respuesta es sencilla: para poder traficar con ellos”.
 
La revolución multimedia ha servido de detonador para lanzar un ciclo general de revisión del derecho de la propiedad intelectual, que comenzó en 1976 con la revisión de la ley sobre derechos de autor, Copyright Act en Estados Unidos. Del mismo modo que ocurriera antaño con la propiedad inmobiliaria y la propiedad industrial, en nombre de la propiedad intelectual se está produciendo una acumulación sistemática de saberes que deberían compartirse y ser patrimonio de toda la humanidad. Con extremos particularmente sangrantes, señala el autor: la propiedad intelectual sobre los productos farmacéuticos, por ejemplo, provoca situaciones como la que denunciaba en 1999 Médicos sin Fronteras: América del Norte, con 303 millones de habitantes, consume 135 mil millones de dólares en medicamentos. Mientras que Asia y África juntas, con 4282 millones de habitantes, sólo consume 28 mil millones de dólares. Si la propiedad intelectual permite algo así en el mundo real ¿qué no permitirá en Internet? En este marco, los nombres de dominio se han revelado como un objeto más de propiedad, un instrumento más para ejercer el poder.
 
Para explicitar su posición a favor de la cultura libre, el abogado explica la siguiente historia: “Había una vez un territorio libre, absolutamente virgen, en el que pocos pioneros aventuraban a internarse. Aquellos aventureros que llegaron primero, clavaron su bandera, y construyeron los caminos que lo llenaron de habitantes. En aquel territorio no había lindes, ni marcas registradas, porque en aquella tierra prometida los dominios eran de aquellos que tuvieron la valentía de enfrentarse a lo desconocido. Entre aquellos pioneros no hacían falta leyes, ni tribunales, ni verdugos. El paraíso duró poco, porque un día llegaron los hombres de la ley, al servicio de un ejército de conquistadores. Los conquistadores son muy amables, vienen con una sonrisa: los indígenas sólo tienen que abandonar su terreno, y para que vayan más rápido les ayudan a llevarse sus cosas. La extorsión es un arte, sobre todo cuando se trata de «recuperar» lo que nunca se ha tenido”.
 
Concluye que luchar por conseguir un acceso universal a la red, en condiciones de libertad combatiendo las legislaciones restrictivas del derecho a la cultura, no ha de ser un fin en sí mismo, sino un paso en la dirección emancipadora que representa la reivindicación de un cumplimiento completo de la Carta Universal de los derechos humanos.