En relación a la decisión ¿Ayudar a extranjeros sin papeles? esta es una opinión de Ubaldo Martínez Veiga

Sí

• Ubaldo Martínez Veiga
• Antropología social

Esta es mi opinión de experto

Ubaldo Martínez Veiga plantea que los derechos de los inmigrantes irregulares o sin papeles "han sido continuamente recortados" y esta ausencia de derechos "puede ser calificada claramente como exclusión social". En este sentido, las personas sin papeles no pueden participar en las actividades comunes de la sociedad en donde viven, es decir, se encuentran en una situación de incapacidad para funcionar dentro del grupo comunitario. Para el especialista "la exclusión social significa una ciudadanía incompleta o recortada y por ello la falta de acceso al status, los beneficios y experiencias de los ciudadanos típicos de la sociedad". La exclusión social que conlleva el recorte de los derechos de los inmigrantes, genera situaciones de pobreza absoluta. El Estado precarizaría la situación personal de estos sujetos a través de las leyes. En el momento de buscar un trabajo es cuando se ve la real situación en que se encuentran estas personas. “No hay ningún inmigrante de los que hemos entrevistado que no se haya encontrado alguna vez en una situación de falta de pago, después de trabajar un cierto tiempo [...] también se producen estafas por parte de individuos o agencias, reales o ficticias, que, con la excusa de buscar empleo, solicitan cantidades importantes de dinero como anticipo, y que después desaparecen o no hacen nada para buscarles trabajo. Ese dinero no se recupera nunca", destaca el experto. Tanto la situación de denegación del salario como la estafa de algunas agencias se relacionan directamente con esta situación de pobreza absoluta. Estos fenómenos se producen "porque estos inmigrantes son irregulares y no tienen derechos o porque tienen miedo de que al denunciar estos casos a la policía puedan ser deportados", señala el académico.
 
Las personas extranjeras sin papeles viven una situación sumamente compleja. Se debe presionar a los gobiernos para que cumplan con los derechos humanos de estas personas y se comprometan a resguardar los tratados internacionales suscritos en estas materias.