En relación a la decisión ¿Apoyar la reforma de la Constitución española? esta es una opinión de José Luis González Quirós

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Esta es mi opinión de experto

La Constitución española de 1978 es un documento político muy importante y ha dado buenos frutos porque estuvo basada en el consenso y en el deseo de no repetir experiencias traumáticas del pasado, y por eso quiso ser la Constitución de todos. Han pasado casi cuatro décadas y es lógico revisarla.

Del mismo modo que sus resultados pueden considerarse, en general, positivos, es evidente que hay aspectos de la CE que pueden y deben ser reformados a la vista de la experiencia, y que esa reforma debe hacerse manteniendo el espíritu de concordia y de consenso en que se fundó, pero corrigiendo ciertos aspectos sobre los que hay un cierto acuerdo general sobre su escaso valor y, también, sobre los errores y equívocos a los que ha conducido.
 
No es lo mismo hacer una Constitución cuando se trata de salir de un régimen autoritario que revisarla cuando ya se tienen más de tres décadas de experiencia sobre su funcionamiento: ahora tenemos más información, un mejor conocimiento de cómo han funcionado, en la práctica, las instituciones políticas que preveía, y no sería sensato renunciar a retocarla sin que eso signifique alterar el espíritu de tolerancia y pluralismo con que se comenzó a edificar la democracia. Está claro, por ejemplo, que cuanto se refiere al Titulo VIII merece una corrección de fondo y que también pueden revisarse algunos aspectos de la CE que definen un sistema electoral que podría mejorarse, siempre que no se olvide que no existe el sistema electoral perfecto, que sólo puede tratar de encontrar uno que ayude a obtener frutos políticos sobre los que es menester ponerse previamente de acuerdo.

Hay órganos, como el Tribunal Constitucional, que pueden repensarse, seguramente creando una sala especial de Tribunal Supremo, y hay que definir con mayor claridad y precisión qué competencias debe mantener, o incluso recuperar, el Estado para poner fin a la deriva disgregadora que ha presidido buena parte del desarrollo legal de la CE. Es necesario, evidentemente, garantizar que los partidos políticos cumplan con su función y evitar que se conviertan en un obstáculo artificioso y antidemocrático en la vida política española. A casi cuatro décadas de democracia hay que reconocer, sin falsas cautelas, que las Autonomías no han servido para resolver lo que se pretendía, ni se ha evitado la cínica deslealtad de los enemigos de la unidad de la Nación, ni han sido una fórmula eficaz y simple de redistribuir territorialmente el poder político. Hay que reconocer que fue un intento bienintencionado que no ha obtenido los frutos pretendidos. Pese a su generosidad política, no ha traído más eficacia política, más cercanía del poder a la sociedad, un aparato administrativo más simple y ágil, sino todo lo contrario. No ha integrado a los nacionalismos, y ha servido para crear hechos diferenciales y supuestos derechos históricos que no son otra cosa sino insolidaridad disfrazada, a cuyo socaire se ha provocado el crecimiento de una clase política desmesurada, que, lógicamente, ha traído consigo un disparatado incremento del gasto público más allá de lo que nadie habría osado imaginar. España se ha convertido en una selva burocrática, en un laberinto administrativo, se ha hecho pedazos, cuando más falta hacía, la unidad de mercado, se han debilitado las bases de nuestra unidad cordial y del patriotismo espontáneo de los españoles, y ha provocado un sentimiento de estupor, de rechifla y de desafecto en los ciudadanos capaces de mantener un mínimo espíritu crítico frente a las proclamas oportunistas de una clase política claramente excesiva y disfuncional. La dificultad de la reforma de la CE reside precisamente en hacerlo sin romper con el espíritu de consenso que presidió su aprobación por una mayoría muy amplia de españoles, pero el primer paso para hacerlo es caer en la cuenta de que precisa reformas, sin convertir a la CE en un texto intocable. No basta que muchos tengan en su cabeza la Constitución ideal, porque lo que hay que procurar, precisamente, es reformarla permitiendo las diferencias lógicas entre distintas fuerzas políticas y ajustando los cambios necesarios para que los valores que la CE promueve, la unidad, la libertad, la justicia y el pluralismo político hagan que el sistema político funcione con mayor facilidad.

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