En relación a la decisión ¿Cambiar el sistema electoral? esta es una opinión de José Luis González Quirós

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Esta es mi opinión de experto

Los sistemas electorales son reglas que no pueden cambiarse por capricho, ni por esperar que una modificación altere sustancialmente el mapa político. Naturalmente cabe modificar algunas características y, en España, son muchos los que defienden una modificación para hacerlo más proporcional.

Un sistema electoral debe cumplir dos funciones, representar a la comunidad política, y garantizar la gobernabilidad del sistema que se crea a partir del sufragio. Fijándonos en la primera característica, es fácil comprender que no existe el sistema perfecto, puesto que toda representación consiste en obtener un "mapa" de la realidad política tratando de reflejar en unos cientos de diputados la voluntad de una nación en la que viven millones de personas. Se trata, como es lógico de una ficción política imprescindible para vivir en paz, pero necesariamente restrictiva. Pasa como con los mapas geográficos o con las gráficas de cualquier tipo: si representan bien una cosa, han de ocultar otras varias, porque el espacio disponible no da para más y porque, se trata, precisamente de subrayar una determinada serie de caracteres postergando inevitablemente todos los demás.
 
 Como Borges satirizó brillantemente en un relato memorable, no es posible hacer el mapa perfecto, de escala 1 a 1. Un primer problema surge al definir la circunscripción, el tamaño de los distritos en los que se eligen los representantes. En España, a efectos de las elecciones legislativas, la circunscripción es la provincia. Al tener cada provincia, por pequeña que sea, un mínimo de tres diputados, si se quiere que cada diputado represente el mismo número de votos habría que hacer un Congreso de miles de diputados, de manera que se reduce el máximo de diputados por provincia de forma tal que un diputado por Madrid representa a más electores que un diputado por Teruel, por ejemplo. Ahí se rompe la proporcionalidad. En España también se deforma la proporcionalidad mediante un procedimiento conocido como regla D'Hont que asigna los diputados favoreciendo a la lista más votada y perjudicando a la menos votada: es un sesgo mayoritario que busca corregir la proporcionalidad favoreciendo la formación de mayorías.
 
 En virtud de estas reglas puede darse el caso de que un partido tenga más diputados teniendo menos votos, cosa que afecta negativamente a las fuerzas minoritarias y premia a la fuerza ganadora con un plus que favorezca la formación de Gobierno. Las únicas fuerzas que no se ven perjudicadas por esta circunstancia son las que son mayoritarias en una circunscripción, que tienden a obtener un resultado muy proporcional a sus votos, mientras que las más perjudicadas son las que se presentan en todas las circunscripciones, pero no obtienen escaños en todas, como le ocurre en la actualidad a IU y a UPyD, y las más beneficiadas son las fuerzas mayoritarias que obtienen escaños en todas las circunscripciones, más la ganadora, pero también la que queda en segundo lugar.
 
 Contra una opinión muy extendida, el sistema vigente no favorece a los partidos nacionalistas o puramente regionales, que obtienen un resultado muy proporcional a sus votos, sino que favorece a las grande fuerzas nacionales, al PSOE y al PP, y perjudica notablemente a las fuerzas que se presentan en todo el territorio nacional pero son minoritarias. ¿puede reformarse esto? Claro que se puede hacer, pero ni está claro que se obtengan grandes beneficios, como a veces se defiende con escaso fundamento, ni tampoco que las fuerzas mayoritarias, que son las más beneficiadas por el sistema vayan a apoyarlo. Entre los estudiosos del sistema electoral español es corriente defender una serie de modificaciones que corregirían algunos de los efectos más criticados de nuestra legislación electoral sin afectar decisivamente al fondo del asunto y han propuesto diversas soluciones técnicas que podrán ver en las fuentes que acompañan a esta respuesta.
 
Pero hay que partir de la base de que para modificar el sistema electoral a fondo habría que modificar la Constitución, que lo dota de sus dos grandes principios, proporcionalidad frente a sistema mayoritario y circunscripción provincial, sin modificar los cuales cualquier alteración técnica tendría resultados bastante menores.

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