En relación a la decisión ¿Apoyar el retraso en la edad de jubilación? esta es una opinión de Leopoldo Gonzalo

Sí

• Leopoldo Gonzalo
• Catedrático de Hacienda Pública y Sistema Fiscal

Esta es mi opinión de experto

La drástica caída de la tasa de fecundidad en España durante los últimos treinta años (hasta 1'4 hijos por mujer en edad fecunda), coincidente con la prolongación de la esperanza media de vida (hasta los 82'2 años para ambos sexos, la más elevada de la UE), plantea el problema de la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones basado en el criterio de reparto, según el cual las personas activas ocupadas en cada momento son las que cotizan a la Seguridad Social (SS) para el pago de las pensiones devengadas por las que están jubiladas en ese mismo momento.
 
La gravedad y persistencia de la actual recesión económica ha alterado el coeficiente de dependencia (número de ocupados cotizantes por cada persona jubilada)  hasta límites desconocidos hasta la fecha: desde 2'7, en 2007, hasta 1'9 en 2012; cuando el coeficiente de sostenibilidad en el sistema de reparto se estima en  2'5, considerándose óptimo el 3. Es ello consecuencia del doble efecto de la reducción de la población activa  y el acelerado incremento del desempleo, cuyo nivel rebasa ya el 27% de dicha población, según los últimos datos de la EPA.
 
En cuanto al pronóstico sobre la evolución del déficit de la SS (10.000 millones de euros en 2012), lo más grave es que,  de los 6´2 millones de parados que hay actualmente en España, 1'92 millones lo son de larga duración, cuando sólo lo eran 0'24 millones al comienzo de la crisis, en 2008. Es éste, sin duda, un factor que agrava sensiblemente la situación, pues el mantenimiento de esta clase de desempleo -de cada vez más difícil recolocación- minorará, a su vez, el número de años de cotización de quienes lo padecen a efectos de cálculo de sus futuras pensiones. Y lo mismo sucede con el paro juvenil, que ha  alcanzado ya la alarmante cota del 57%.
 
            A la vista de los datos anteriores, cabe poca duda acerca de la difícil sostenibilidad del actual modelo de pensiones español manteniendo inalterados todos los factores institucionales de su actual configuración. De ahí que, en 2011, se decidiera ampliar gradualmente la edad de jubilación hasta los 67 años a lo largo de un periodo transitorio que debería concluir en 2027. Y de ahí también que ahora haya decidido el Gobierno adelantar la aplicación del factor de sostenibilidad del sistema, factor que, fundamentalmente, relaciona el cálculo del importe de las pensiones con la esperanza de vida y con la situación económica del pensionista.
 
Parece, por tanto, inevitable una urgente reforma de nuestro sistema de pensiones, y una de las posibles medidas a adoptar es, en efecto, el retraso de la edad de jubilación, tanto porque ello supondría una contención del gasto en pensiones de forma inmediata, cuanto porque prolongaría el tiempo de cotización de los futuros pensionistas, con el consiguiente sostenimiento del volumen de ingresos en el sistema. 
 
En relación con esta medida, cabe también plantear los siguientes interrogantes:
           
1º) La nueva y más elevada edad de jubilación, ¿ha de ser la misma para todos los trabajadores, con independencia de cuál sea el sector de su actividad laboral? Es evidente que no en todos los sectores el mantenimiento de las condiciones psicofísicas de los trabajadores son las mismas.
 
2º) ¿Ha de fijarse con carácter rígido e improrrogable para todos los sectores productivos? Parece razonable  que puedan establecerse estímulos adecuados para la ampliación voluntaria de la vida activa del trabajador.
 
3º) Si el principal problema del actual sistema de pensiones contributivas es su desequilibrio financiero ¿no cabría suplir esa insuficiencia de recursos vía ingresos impositivos?  La financiación suplementaria a través de impuestos de un sistema de pensiones razonable, es plausible en caso necesario, sobre todo si para ello se liberan los cuantiosos recursos que actualmente dedica el Sector público a actividades absolutamente discutibles desde cualquier punto de vista, y, especialmente, desde el punto de vista social.