En relación a la decisión ¿Exigir que el Estado asuma el coste del déficit tarifario energético? esta es una opinión de Miguel Sebastián Gascón

Sí

• Miguel Sebastián Gascón
• Ex Ministro de Industria, Turismo y Comercio

Esta es la opinión del experto

En el artículo Algunas reflexiones sobre la situación energética, escrito con motivo del décimo aniversario de la revista “Cuadernos de energía” el ex-Ministro y doctor en Economía Miguel Sebastián opina que la aparición del mecanismo del déficit tarifario, que tiene lugar a partir de la Ley del Sector Eléctrico de 1997, como herramienta para enfriar a corto plazo la tasa de inflación y favorecer la incorporación de España al euro desde el inicio de la nueva moneda, se ha convertido 15 años más tarde en un problema de difícil solución.

Añade: “Dos han sido las causas que han agravado el déficit tarifario:

• La primera, la asunción por parte del sistema eléctrico y no de los Presupuestos, de los incentivos a las energías renovables.
• Y dos, la gravedad de la crisis económica, que al contrario de lo que se esperaba cuando se aprobaron las regulaciones de 2004 y 2007 y la planificación indicativa de 2005, lejos de crecer la demanda el esperado 4-5% anual, ha caído sistemáticamente desde 2009. En efecto, la demanda de electricidad se ha reducido en todos los años desde el inicio de la crisis, con la excepción de 2010, y ha acumulado una caída del 8% en términos reales. Dado que se estimaba un crecimiento potencial anual del 4-5%, estamos hablando de un gap de demanda de entorno a los 30 puntos porcentuales.”

Es de la opinión de que resolver el déficit tarifario no sólo es crucial para dotar de certidumbre al sector, también es una condición necesaria para poder llevar a cabo una liberalización genuina del mismo, favoreciendo la entrada de nuevos competidores y que, en cualquier caso, a estas alturas resulta evidente que el déficit tarifario no puede resolverse a partir de subidas adicionales significativas de la tarifa. Y ello no sólo por el problema social y político que supone tener la segunda tarifa eléctrica más elevada de la Unión Europea, algo que podría abordarse con una extensión del “bono social” creado en 2009, sino por el mencionado impacto sobre la competitividad de la industria.

Continúa: “Por tanto, la solución sólo puede venir, bien por la asunción por parte del sector público de buena parte de los costes, bien por la asunción de dichos costes por parte de todas las empresas del sector. La segunda opción es difícil porque las sucesivas reformas del sector desde 2009 han hecho caer sobre las empresas del sector una buena parte del ajuste, correspondiendo el resto principalmente a los consumidores.

Concluye afirmando que asumir por parte del gobierno el 100% de la deuda tarifaria sólo aumentaría el déficit público en lo que concierne a la carga de intereses, dado que, además, buena parte de la Deuda del FADE ya está avalada por el Estado, por lo que el impacto sobre la solvencia del Reino de asumir la totalidad de la deuda tarifaria sería prácticamente nula.