En relación a la decisión ¿Justificar éticamente el trabajo informal? esta es una opinión de Cinta Vivancos Martín

No

• Cinta Vivancos Martín
• Abogado Laboralista

Esta es la opinión del experto

Vivancos Martín, especializada en derecho laboral, considera que "la lucha contra el fraude en el ámbito laboral y en la Seguridad Social ha sido siempre una asignatura pendiente para todos los Gobiernos, para impedir entre otros, la economía sumergida y la contratación irregular, resultando imprescindible luchar contra ello, sobre todo en momentos de grave crisis económica, como la que vivimos en la actualidad."

Así, en la introducción de su artículo "Las últimas normas contra el fraude en el ámbito laboral y de Seguridad Social", publicado en el El Laboralista Digital (www.ellaboralista.com), boletín digital mensual de la Asociación Nacional de Abogados Laboralistas (ASNALA), la Sra. Vivancos afirma que "el empleo sumergido implica pérdida de derechos para los trabajadores, competencia desleal para el mercado y, sobre todo, genera un daño importante para los sistemas de Seguridad Social, tanto por cuotas no ingresadas, como por el pago indebido de prestaciones."

Para Vivancos, "muchos han sido los Planes aprobados hasta la fecha, con el objetivo de combatir este lastre, y pocos han sido realmente efectivos a la vista de los datos objetivos."

Sin ir más lejos,sigue diciendo esta letrada, "si echamos la vista tres años atrás, ya en marzo del año 2010, durante el mandato del anterior Presiente del Gobierno, se aprobó un Plan de lucha contra el fraude fiscal, laboral y a la Seguridad Social con el que el Estado esperaba recaudar en torno a unos mil millones de euros para contribuir a la consolidación de las finanzas públicas."

En su momento se argumentó por la entonces Ministra de Economía y Hacienda, Doña Elena Salgado, que se pretendía responder a los cambios en los tipos de fraude debido a la crisis, especialmente en lo relacionado con la economía irregular y el trabajo no declarado. En él se incluían sesenta medidas orientadas a la prevención, a coordinar la captación de la información (cruce de archivos), a mejorar la eficacia del control sobre el fraude y a cooperar en las acciones de recaudación, con la colaboración entre los organismos públicos.

Para ello se pretendía incorporar instrumentos para la utilización compartida de la información disponible en la Agencia Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y la Inspección de Trabajo, además de crear bases de datos conjuntas para incrementar la eficacia de la explotación de esa información. Se dijo que se reforzaría la cooperación internacional a través de la firma de nuevos convenios de doble imposición, de participación en programas europeos de intercambio de información y que se impulsaría una red europea de lucha contra el fraude. Toda una serie de medidas que, en su mayoría, no llegaron a dar los frutos deseados y quedaron más en buenas intenciones, que en proyectos realmente realizados."