En relación a la decisión ¿Apoyar la legalización de las drogas? esta es una opinión de José Lázaro

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Esta es mi opinión de experto

, aunque con dudas, pues los argumentos a favor parecen más sólidos que los contrarios a ella. Muchos alegatos sobre esa legalización suelen aportar opiniones sin reflexiones, pues sus autores parecen comunicar al mundo más su actitud personal que informaciones útiles sobre un tema complejo.

Pese a todo, ese tipo de proclamas es mucho más estimable que la actitud engreída de esos Hombres de Estado que repiten con soberbia desde las alturas: “la discusión no es pertinente, la polémica no es oportuna, la decisión ya está tomada y no hay nada más que hablar”. Su capacidad de gestión parece siempre amenazada por cualquier propuesta de discusión.
Pero hay, en este peliagudo asunto, varios focos de confusión que conviene aclarar. El primero es el término "droga".
Se denomina "droga" a un conjunto de diversas sustancias que, introducidas en el organismo con una cierta periodicidad, realizan modificaciones biológicas o psíquicas más o menos tóxicas y acaban por dejar de ser objeto de deseo y fuente de placer para convertirse en necesidad compulsiva. Muchas de estas sustancias son legales (el alcohol, el tabaco o la cafeína); otras no lo son. Algunas producen dependencia física y otras psíquica. Unas producen lesiones a corto plazo y con dosis bajas; otras lo hacen al cabo de mucho tiempo y mucho abuso. Varían también los efectos en función de quién las use. Lo que tienen en común es la posibilidad de producir dependencia: ciertas personas que las consumen llegan a perder la posibilidad de hacerlo voluntariamente y empiezan a necesitarlas compulsivamente. En los casos más serios, la adicción va invadiendo y degradando paso a paso la existencia del individuo.
La mayor fuente de confusión en el debate sobre las drogas ilegales está en la frecuente mezcla de argumentos que se refieren a dos cuestiones distintas:
1) La primera es el vínculo entre las drogas ilegales y la criminalidad. No hay demasiadas dudas sobre ella: un alto porcentaje de los delitos que se comenten tiene su origen en el precio de las drogas ilegales y en el monopolio del comercio por las mafias de turno. Las drogas legales son muchísimo más baratas y bastante más asépticas. Aunque maten a más gente.
 
2) La segunda es mucho más problemática: el enfrentamiento de los derechos individuales con las limitaciones impuestas por el Estado. Suele admitirse (en la parte civilizada del mundo) que el Estado debe estar al servicio de las opciones personales; los únicos límites aceptables son los que evitan la lesión de los derechos ajenos. Las estructuras sociales sirven para canalizar y potenciar las iniciativas de sus dueños, no para restringir las posibilidades de sus siervos. Casi todo el mundo va estando de acuerdo en esto; quedan, como excepciones, Fidel Castro, Benedicto XVI, los sátrapas africanos o asiáticos y algún partidario residual del estructuralismo francés.
Pero el Estado se atribuye a sí mismo el deber de cuidar la salud de los ciudadanos. Lo cumple selectivamente; si fuese coherente tendría que prohibir no sólo el alcohol y el tabaco, sino también el boxeo, las carreteras y el alpinismo. Pero este supuesto deber entra a menudo en conflicto con el respeto a la voluntad individual, que es la cuestión nuclear.
La voluntad personal está condicionada por múltiples factores. Las drogas (en general) la devastan. Algunas drogas (la heroína o el tabaco) producen más dependencia que otras (el alcohol o el hachís). Pero toda droga es una espada de Damocles: la capacidad de crear adicción es justamente lo que las define. Nadie prueba una sustancia porque desee perder el control sobre ella; eso vendrá por añadidura. La información institucional tiene una eficacia muy dudosa. Los pabellones oncológicos están llenos de usuarios de cajetillas en las que "Las Autoridades Sanitarias advierten..."
EL Estado debe tener el máximo respeto a la voluntad de los individuos. A los que la han perdido, es bueno que les ayude a intentar recuperarla cuando lo soliciten; salir de una adicción es muy difícil, pero no es imposible. Lo que está menos claro es si el Estado debe impedir que se realicen, más o menos voluntariamente, actividades que pueden conducir a la anulación de la voluntad. Quizá sea éste un buen punto para centrar la discusión.

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