En relación a la decisión ¿Continuar votando a un partido acusado de corrupción? esta es una opinión de José Luis González Quirós

Sí

• José Luis González Quirós
• Filósofo y analista político

Esta es mi opinión de experto

Se supone comúnmente que el origen de la corrupción es la financiación ilegal de los partidos, concepto que depende de lo que en cada caso sea legal, asunto que, como es obvio, cambia con las circunstancias de tiempo y lugar. Pero lo que me interesa argumentar es que, en realidad, la llamada financiación ilegal de los partidos es la excusa con la que se oculta un robo organizado, una conducta mafiosa que nada tiene que ver, como tal, con los motivos de voto de los electores.
 
Se trata de que una banda de sinvergüenzas se comporta indignamente en nombre del socialismo o del liberalismo, o de la nación catalana, pero eso es una cobertura, una tapadera del motivo real, la codicia ilimitada de algunos, aunque sean muchos o casi todos, no una conducta que tenga que ver con los motivos, en principio nobles, por los que el elector prefiere el partido A al partido B. En realidad cabe pensar que cuando los votantes de un partido comprueben que está dirigido por personajes corruptos, embusteros, traidores y mediocres, cosa más habitual de lo deseable, decidan no votar a ese partido.
 
Están en su perfecto derecho de hacerlo, pero en mi opinión se trata de una elección personal, muy comprensible, no del cumplimiento de una obligación, digamos, moral. Lo que sostengo es que esa conducta, que me parece perfectamente justificable, no es la única posible, y no lo es porque el elector siempre puede apostar por las ideas que defiende, aun cuando estén representadas por personas nada admirables; el elector tiene derecho a pensar que la mejor manera de acabar con la corrupción no sea dejar de votar al partido de su preferencia, sobre todo si sospecha que otras fuerzas políticas hacen lo mismo, sino tratar de acabar con los mecanismos que permiten, favorecen y ocultan la corrupción, el robo organizado, precisamente defendiendo los principios de su partido, es decir, tratando de promover un debate social, y también un debate interno en el seno de esa formación política, capaz de generar los hábitos, las instituciones y los hábitos que hagan imposible que la corrupción siga existiendo o que, de existir, no tenga el correspondiente castigo, político y penal.
 
Precisamente porque el elector entiende que el liberalismo, o el socialismo, son incompatibles con el puro latrocinio, es comprensible que no renuncie a votar a la fuerza política de su preferencia, y que luche por clarificar la distinción entre unos dirigentes indignos y mentirosos que roban y unos electores perfectamente dignos y decentes que creen que defender las ideas que impulsan a esa fuerza política, incluso cuando sea dirigida por corruptos, es el camino más corto para tratar de evitar que esas conductas puedan perpetuarse. Las ideas no delinquen, sólo lo hacen las personas y lo que hay que hacer es evitar que delincuentes encabecen fuerzas políticas que defienden ideas que compartimos, no dejar de votar a esas fuerzas porque ocasionalmente estén en manos de malhechores, ni dejarse dominar por la propaganda contraria, normalmente cainita, que identifica a la derecha, o, en su caso, a la izquierda, con el robo, la inmoralidad, la corrupción, la indecencia y la mentira.
 
Conseguir que una democracia funcione con una serie de garantías mínimas de decencia no es tarea fácil, y se puede comprender cualquier posición de rechazo frente a las conductas de las personas que inspiran asco, pero no está claro que la solución sea la abstención o el puro cambio de voto, camino que, incuestionablemente, tomarán muchos votantes, pero que no debe considerarse la única alternativa ante la corrupción. Conviene recordar, a este respecto, que la política democrática, con todos sus defectos, es la "heredera" de procedimientos mucho más violentos y salvajes de resolver las cuestiones: el crimen, el secuestro, cualquier forma de violencia, y que hay que seguir luchando sin cesar para establecer un sistema democrático abierto, transparente, decente y eficaz, en el que los corruptos no sean la regla.