En relación a la decisión ¿Eliminar las subvenciones a los sindicatos? esta es una opinión de José Luis González Quirós

Sí

• José Luis González Quirós
• Filósofo y analista político

Esta es mi opinión de experto

Un sindicato es una organización que debe su razón de ser a la conveniencia de que los trabajadores por cuenta ajena se asocien para defender sus intereses, justos o no, frente a los patronos que los contratan que, por definición, tienen mayor poder económico, y que también se asocian en defensa de sus intereses. En España está vigente un sistema sindical que es profundamente anómalo y disfuncional, aunque es excelente para el grupo, bien organizado y cohesionado, que los dirige.
 
Las características fundamentales de nuestro sistema son tres: una práctica estatificación de los sindicatos, tanto a través de su constitucionalización como a través de las innumerables vías por las que reciben toda clase de subvenciones; una ausencia completa de control externo, legal y judicial, sobre sus funcionamiento, su contabilidad y sus actuaciones; una independencia total de los intereses y actuaciones de sus afiliados. Como ocurre con los partidos políticos, los sindicatos son superestructuras apoyadas en ingresos que nadie salvo ellos mismos controlan, pueden vivir completamente independientes de la voluntad de los afiliados, y se dedican únicamente a las actuaciones que interesan a sus máximos dirigentes, que gozan de una envidiable longevidad en el desempeño de sus cargos porque son prácticamente inamovibles.
 
Adicionalmente, los sindicatos se han convertido en oficinas gestoras de conflictos individuales y colectivos, cobrando dinero por su intermediación y perdiendo completamente de vista el papel que deberían jugar como organización. Para ser precisos, habría que señalar que los sindicatos, pese a esta especie realmente maligna de defectos, cumplen una función moderadora bastante inteligente en muchas de las grandes empresas del país, en las que sí funcionan de manera más cercana a lo ideal, de forma que en su actuación coexiste una doble dinámica, la puramente política a la que se dedican sus dirigentes, que, en la práctica, se realiza con mucha frecuencia con un completo olvido de lo que puedan ser los intereses reales de los trabajadores que dicen representar, y la dinámica estrictamente sindical, no sin interferencias de los aparatos centrales, que se lleva a cabo en las grandes empresas.

Este conjunto de caracteres no podrá cambiarse mientras se mantenga en píe el sistema de financiación, la ausencia de control por parte de los afiliados del Sindicato, y la inexistencia de sistemas de auditoria y control externo de la legalidad de sus acciones. Todo esto explica que las respectivas direcciones de los Sindicatos mayoritarios, pero también de otros, se hayan visto frecuentemente implicadas en casos muy notables de corrupción, sean de tipo inmobiliario, sean de carácter financiero, sean las actividades relacionadas con los ERE o expedientes de regulación de empleo que han permitido casos realmente escandalosos. La dificultad para cambiar este estado de cosas reside en que los actuales sindicatos forman parte esencial del sistema político vigente, y va a resultar muy difícil que quienes se benefician de su funcionamiento consientan en cambiarlo. Ahora bien, la idea de que partidos y sindicatos puedan representar fielmente los intereses de la sociedad cuando pueden vivir al margen de su apoyo, mediante subvenciones que gestionan ellos mismos, es completamente ilusa. Si alguien puede autorregularse eliminando la inspección y los controles externos, sin duda lo hará, y eso es lo que ahora hacen partidos y sindicatos. De ello obtienen un enorme beneficio y poder los dirigentes de ambas instituciones, que se gobiernan no de abajo a arriba como pide un régimen democrático, sino de arriba a abajo como es característico de las autocracias, y van a resistirse cuanto puedan a que se cambie el sistema de financiación, con toda clase de argumentos y empleando dosis masivas de engaño, simulación y demagogia. Pero cualquiera puede entender que si la defensa de los intereses propios es legítima, hacerla con fondos ajenos es inmoral.